FORMAS JURIDICAS DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA

Enfoque

El sector energético en España, y en todo el mundo, se encuentra en una etapa decisiva de transformación, enfrentando el desafío de adaptarse y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. La transición busca un delicado equilibrio, debe ser ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente equitativo. La última pandemia ha expuesto las debilidades del sistema energético actual, subrayando la prevalencia de la pobreza energética y la dependencia de fuentes de energía no renovables, exacerbando los problemas de acceso y coste energético.

 

Ante este escenario, la implementación de tecnologías renovables y el desarrollo de proyectos que satisfagan de forma sostenible y eficiente las necesidades energéticas de la sociedad se vuelven imperativos. Aquí, las comunidades energéticas (CE) emergen como un modelo innovador que está captando la atención mundial, poniendo a los ciudadanos en el centro del cambio hacia un sistema energético más justo y distribuido, que se integre con energías renovables y respete el medio ambiente.

 

Estas CE representan un modelo de gestión energética que promueve un sistema más inclusivo, asegurando el acceso a una energía limpia y asequible para todos. Son un reflejo de la voluntad colectiva de participar activamente en la transición energética, impulsando la producción local de energía renovable y la autogestión, y son reconocidas legalmente como herramientas clave para acelerar el cambio hacia un sistema energético más sostenible.

 

La Directiva de la UE 2018/2001 establece la figura de las comunidades de energías renovables (CER), definiéndolas como entidades legales basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y controladas por socios o miembros cercanos a los proyectos de energía renovable que poseen. Están compuestas por personas, pymes o autoridades locales y buscan proporcionar beneficios ambientales, económicos o sociales a sus miembros o a las zonas donde operan. Los Estados miembros deben asegurar que las CER tengan derechos como producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, compartir la energía entre miembros, y acceder a todos los mercados de energía de forma no discriminatoria.

 

En España, la integración de las CER en el marco jurídico se realizó mediante el Real Decreto-Ley 23/2020, que las reconoce como un nuevo agente dentro del sector eléctrico, alineándose con la Directiva Europea y promoviendo su participación en el mercado de la electricidad.

 

Asimismo, las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE), reconocidas por la UE en la Directiva 2019/944, son entidades que pueden producir, distribuir y suministrar energía, entre otros, con el propósito principal de ofrecer beneficios a sus miembros o a la localidad donde operan. Las CCE destacan por su capacidad para involucrar a ciudadanos, autoridades locales y pequeñas empresas en actividades energéticas y por su enfoque en la rentabilidad social y ambiental más que en la financiera.

 

En el contexto español, el desarrollo de las CE se ve impulsado por la legislación que favorece la cooperación energética y la participación ciudadana, como el Real Decreto-Ley 23/2020. Este marco legal proporciona a las CE un reconocimiento oficial y sienta las bases para su desarrollo reglamentario en el sector eléctrico del país.

 

Las iniciativas están en consonancia con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de España, reflejados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que promueve el uso de energías renovables y el compromiso ciudadano en la transición energética.

 

En conclusión, las comunidades energéticas en España no son solo un reflejo de un cambio en la producción y gestión de la energía, sino también un símbolo de una sociedad que busca modelos más sostenibles y equitativos. Representan un paso adelante hacia un futuro donde el poder y los beneficios de la energía están distribuidos más uniformemente entre la gente, contribuyendo a una transición energética que es tanto una necesidad ambiental como una oportunidad social.